proteger a quienes nos agreden

 

Creo que ha llegado un momento en el que ya no provoca sorpresa que un juez haya fallado que llamar hijo de puta a un jefe no constituye causa suficiente para que el trabajador que insulta sea despedido, aunque mucho me malicio que si alguien se atreve a llamar hijo de puta a un juez  – y más concretamente al magistrado autor de la sentencia –  se pudre en la cárcel.

Así es la vida.  Hay quienes pasan por ella sin pena ni gloria y hay quienes, como éste juez, sin tener ninguna gloria, dan pena.

La acción de la justicia no solo debe ser ejemplarizante – y en este caso no lo es – sino también pedagógica y si sentencias como ésta sentasen jurisprudencia porque se produjesen en la instancia del Supremo, habría motivos para ponerse al margen de la ley.

 

Vivimos en una sociedad en la que agredir a un profesor, quemar unos vehículos policiales o llamar hijo de puta a un jefe, sale gratis, y sale gratis porque hay quienes han decidido que somos herederos de una cultura opresora en la que la autoridad es un concepto no democrático y fascista.

El concepto de democracia fuerte está devaluado, y cada día hay más gente acojonada por una parte y encabronada por otra que no sabe cuál es el espacio al que tiene derecho porque todo está ocupado por los protegidos de los progres.

 

No son pocos los padres que padecen agresiones de sus hijos, e imagino que no son éstos ¿o sí? los que los protegen cuando un profesor les llama la atención o un policía los pone en manos de la autoridad judicial para que respondan por actos de vandalismo.

El caso reciente de Pozuelo se arreglaba haciendo responsable a los padres de los costes económicos de los destrozos provocados por sus hijos, pero también llevando  un curso de reciclaje al juez que les ha castigado sin que vayan de copas.

 

Pero hay más: el que apuñaló al joven Carlos Palomino pretende irse de rositas diciendo que se sintió amenazado por su víctima y el ex concejal de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, acusado de la presunta malversación de más de 52.583 euros públicos quiere que se le declare inocente porque era drogadicto.

Hoy en día ser una persona honrada resulta sospechoso.

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